Aunque para algunos se quiere tratar el tema macroeconómico y fiscal como si estuviéramos en un circo y todo se tratara de una payasada, los profesionales serios sabemos que la economía es una ciencia y que efectivamente, el costo de no tomar una decisión no es cero.
El costo de posponer el ajuste fiscal es no poder bajar la inflación y por supuesto, apostarle al endeudamiento como salida temporal. Como consecuencia de ello se dará un ajuste a la alza en los intereses o costo de invertir para las empresas, dada la presión que el endeudamiento público provoca en el mercado financiero. Al final, lo anterior obliga a menos inversión pública y privada, menos empleo y menos crecimiento económico para el país.
Ciertamente la reforma fiscal no es perfecta, ni es un almuerzo gratis, tiene también sus efectos de aumento temporal de precios y seguramente, generará algunos cambios en materia de precios relativos entre las familias y las empresas.
El paquete de impuestos, una vez corregido por el acuerdo entre el PAC y el gobierno, tiene opositores en los grupos empresariales que por primera vez en 30 años deberán pagar su “pasaje en el autobús” y contribuir para la Costa Rica de todos.
La clase media pagará un costo adicional y verá incrementada su carga tributaria, lo mismo que los profesionales liberales que se verán forzados a pagar tasas equivalentes a los trabajadores asalariados.
Quienes se oponen al proyecto y quieren esperar para mejorarlo y discutirlo ampliamente con la sociedad, son incautos políticamente y saben que posponer el debate es enterrar la reforma. En el fondo, hacen el juego político a quienes quieren que la reforma fracase, para evitar contribuir como ciudadanos y empresas al Estado.
Las artimañas para evitar que se vote son tan ridículas como costosas para el país. Estos últimos, son claramente unos pocos, pero representan los intereses de los más poderosos y claramente están provocando el caos en la Asamblea Legislativa.
Si bien es cierto existe un costo político de ser realista y de enfrentar la tarea responsable de mirar los desafíos del Estado y de la sociedad para los próximos años, quienes se oponen al ajuste fiscal también deberían responder a las futuras generaciones las consecuencias de no tomar decisiones hoy.
La reducción de la inversión pública en infraestructura la pagarán los empresarios honestos con mayores costos de logística y menor competitividad en sus negocios, la menor inversión social la pagarán aquellos jóvenes que verán truncada sus carreras o que tendrán que iniciar su vida laboral más temprano, para ayudar a sus familias y como tal, serán condenados a la pobreza una vez más.
La reducción del Estado en sus servicios de salud, educación, seguridad, ambiente, cultura, deporte, justicia y ciencia y tecnología entre otros, la pagaremos todos los costarricenses con un país de segunda o tercera categoría.
Leiner Vargas Alfaro
lavagrecia@gmail.com
