La modernización del Estado costarricense urge del acometer al menos cuatro grandes reformas, sin las cuales el país no podrá aprovechar todo su potencial de crecimiento y capacidades. La primera y más significativa se asocia con la necesidad de mejorar la eficiencia y eficacia del accionar de lo público, elemento que se ha venido postergando y que condiciona lo que podríamos llamar, un Estado inútil e incapaz de generar resultados solventes ha la ciudadanía en los temas sustantivos, tales como, la infraestructura o la regulación económica. Esta reforma también involucra una más eficaz y socialmente incluyente forma de financiar el Estado, con mayor equidad en materia de quienes pagan y reciben los beneficios de los impuestos del país.
No menos urgente a lo anterior es acometer una reforma sustancial a nuestra seguridad social cada vez más ineficiente para afrontar los retos de las nuevas condiciones del entorno. La Caja Costarricense del Seguro Social requiere repensarse de cara al siglo XXI, no sólo porque han cambiado las condiciones de edad de la población sino porque se ha convertido a la Seguridad Social en un esquema devaluado y de segunda clase. Acometer reformas para garantizar una gestión solvente y más transparente de la Seguridad Social, favoreciendo el uso de nuevas tecnologías y reduciendo la corrupción, el despilfarro y la inoperancia de los esquemas actuales de atención es algo de extrema urgencia de atender.
A pesar de todos los avances, la reforma al sistema educativo sigue pendiente, nuestra forma de enseñar y de aprender sigue enfocada en los conocimientos empaquetados en programas de estudios. Es urgente enfocarse en el aprendizaje y menos en los contenidos, en el estudiante y menos en el sistema burocrático, en los resultados más que en los procesos. Es urgente enfocarse en la generación de preguntas más que en la acumulación de respuestas. Todo lo anterior requiere de una nueva forma de educar y de capacitar a quienes son nuestro mayor recurso en el sistema a saber, nuestros maestros.
Finalmente y no menos importante, el Estado costarricense requiere replantearse su gobernabilidad democrática. Es impostergable la reforma a nuestro sistema político para garantizar esquemas de gobierno más cercanos al interés y demandas del ciudadano. Ciertamente más descentralización y una reforma al sistema legislativo para que existan esquemas parlamentarios más eficaces, con mayor representación popular y sobre todo, más efectivos y eficaces en la producción de leyes. A lo anterior se une la necesidad de elecciones de medio período que ayuden a mejorar la gobernanza y premien o castiguen la gestión del ejecutivo. No se puede en el siglo XXI gobernar a espaldas de la ciudadanía y es por lo tanto, la rendición de cuentas y la transparencia un requisito fundamental de quienes ejerzan todo tipo de poder político en adelante.
Dr. Leiner Vargas Alfaro
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